Sídney (Australia),
22 may.- El fundador de Megaupload, Kim Schmitz, conocido también por
Dotcom, requerido por Estados Unidos por supuesta piratería informática,
rehúsa dar las contraseñas de los ordenadores que le decomisaron,
informaron hoy medios neozelandeses.
El informático de 38 años, quien se encuentra en libertad condicional, compareció hoy ante el Alto Tribunal de la ciudad de Auckland
para pedir la revisión judicial de la orden utilizada para confiscar
todos sus aparatos electrónicos en enero pasado, según Radio Nueva
Zelanda.
Su abogado Paul Davison argumentó en esta vista que en el
operativo de enero se decomisaron unos 135 dispositivos electrónicos,
muchos de ellos irrelevantes al caso y que solamente contenían archivos
personales como vídeos familiares.
Pero otros aparatos personales de Dotcom contienen información relevante al caso, aunque está codificada.
Por su lado, la Fiscalía,
que actúa en representación del Gobierno de Estados Unidos, busca
acceso a la información, pero Dotcom solo proporcionará las contraseñas a
cambio de que se cumplan ciertas condiciones, manifestó Davison, en
este proceso judicial que culmina mañana.
Dotcom busca que el
acceso a sus archivos sean supervisados judicialmente, que se le
entreguen copias digitales de sus archivos, así como la protección legal
de la información privilegiada y personal, según el portal neozelandés
de noticias Stuff.
El
informático alemán y otros tres informáticos detenidos en Nueva Zelanda
afronta en agosto próximo un proceso de extradición a Estados Unidos,
país que quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload por diversos
delitos por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de
dinero.
Dotcom y los otros tres directivos de Megaupload fueron
detenidos el 20 de enero pasado en Auckland dentro de un operativo
internacional contra la piratería informática emprendido por Estados
Unidos, que también implicó detenciones en Europa, el cierre del portal y la confiscación de sus bienes.
El
portal clausurado está acusado en Estados Unidos de daños a la
propiedad intelectual de al menos 500 millones de dólares (390 millones
de euros) y de haber recaudado de manera ilícita más de 175 millones de
dólares (137 millones de euros).
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